Procuraduría cuestiona fallo de la CAN contra Bolivia y culpa al Gobierno transitorio

La Procuraduría General del Estado de Bolivia ha cuestionado el reciente fallo emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) en contra del país, acusando al Gobierno transitorio liderado por Jeanine Añez de no haber asumido la defensa de Bolivia ante dicha instancia internacional.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, expresó su preocupación por la falta de acción por parte del Gobierno de Añez para representar los intereses de Bolivia en el caso presentado por Perú ante la CAN a finales de 2020. El TJCA ha exhortado a Bolivia a eliminar el cobro diferenciado en la venta de combustibles a los transportistas de Perú, Ecuador y Colombia, otorgando un plazo de 90 días para corregir esta situación.

Chávez manifestó que el Estado se encuentra en «indefensión» debido a la falta de una oportuna impugnación presentada ante la secretaría general de la CAN. El procurador atribuyó esta omisión a la gestión anterior de la Procuraduría, liderada por José María Cabrera, a quien acusó de no haber asumido adecuadamente la defensa de Bolivia en esa instancia internacional, argumentando que la Procuraduría estaba bajo el control de lo que él denominó «golpistas».

El máximo representante legal del Estado boliviano anunció que ya están trabajando en la preparación de una defensa para impugnar el fallo del TJCA y proteger así los derechos de los bolivianos. Asimismo, Chávez cuestionó la competencia del tribunal andino para entrometerse en asuntos que considera soberanos, como la reserva energética y el presupuesto destinado al subsidio de los hidrocarburos.

Además, el procurador criticó a uno de los magistrados del TJCA, Gustavo García Brito, de nacionalidad boliviana, por haber fallado en contra de su propio país. Según Chávez, García Brito no cumplía con los requisitos constitucionales para ejercer el cargo de magistrado y estaba procesado penalmente, por lo que considera que sus decisiones carecen de legitimidad.

Ante esta situación, la Procuraduría ha afirmado que utilizará todos los mecanismos legales a su disposición para preservar los derechos de los bolivianos y defender la posición del país en este caso. Se espera que en los próximos días se presente la impugnación ante el TJCA en busca de revertir el fallo adverso.

El Gobierno actual de Bolivia ha enfatizado su compromiso con proteger los intereses nacionales y buscar una solución justa y equitativa en el marco de las normativas internacionales y el respeto a la soberanía del país.