Fiscalía Formaliza Acusaciones en el Caso Ítems Fantasmas: Sosa y Otros Implicados Enfrentarán Cargos por Millonario Daño Económico

Un nuevo capítulo se abre en el escándalo del caso ítems fantasmas que afectó a la Alcaldía de la capital cruceña, pues en las últimas horas se dio a conocer la acusación formal emitida por la Fiscalía contra varios individuos, entre ellos la exalcaldesa interina Angélica Sosa y los hermanos Antonio y Guillermo Parada Vaca, así como otros exfuncionarios municipales.

El vocero de la asesoría jurídica de la Alcaldía, Bernardo Montenegro, informó que el daño económico causado al Estado asciende a cerca de 200 millones de bolivianos debido a las irregularidades en el manejo de ítems. Además, adelantó que se prevé que en las próximas semanas se cierren también las acusaciones en relación al caso BRT y Vertedero, otros dos asuntos que han impactado la gestión municipal.
La lista de acusaciones es extensa y variada. La exalcaldesa Angélica Sosa enfrenta cargos por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito, y actualmente se encuentra en detención preventiva en el penal de Palmasola.
En cuanto a los hermanos Antonio y Guillermo Parada Vaca, las acusaciones son múltiples y graves. Antonio es acusado de legitimación de ganancias ilícitas, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito. Por su parte, Guillermo enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
Otros nombres involucrados en este entramado de acusaciones son Javier Cedeño, quien enfrenta acusaciones por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, y Javier Carrasco, acusado por enriquecimiento ilícito y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
Completa la lista de implicados Julio César Herbas, exfuncionario municipal, quien deberá responder por delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, y Mery Balcázar, acusada del delito de favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
Este caso no solo pone en evidencia la presunta corrupción que afectó a la administración municipal, sino también la importancia de la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad en la gestión de los recursos públicos. La sociedad espera que este proceso legal permita esclarecer los hechos y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia.