Andrónico Rodríguez promulga la Ley 075 que pone fin a los magistrados autoprogramados
El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Andrónico Rodríguez, promulgó la controvertida Ley 075, que establece el cese de funciones de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, quienes habían extendido su mandato más allá del periodo constitucional.
La normativa, aprobada en una polémica sesión legislativa, busca restablecer la institucionalidad en el sistema judicial boliviano. Según el artículo 2 de la ley, los magistrados y consejeros cesarán en sus funciones el 2 de enero de 2024, en cumplimiento con lo estipulado por la Constitución Política del Estado.
«Un paso hacia la transparencia», asegura Rodríguez
Durante el acto de promulgación, Andrónico Rodríguez destacó la importancia de la medida como un avance hacia la recuperación de la confianza ciudadana en la justicia boliviana. “La promulgación de esta ley no solo pone fin a las prórrogas ilegales, sino que también representa un paso firme hacia la transparencia y la independencia judicial”, afirmó el líder legislativo.
Rodríguez también hizo un llamado a los actores políticos y a la población en general para apoyar la implementación de la normativa, asegurando que la renovación de las autoridades judiciales será llevada a cabo bajo principios de meritocracia y transparencia.
Controversias y divisiones políticas
La aprobación y promulgación de la Ley 075 han generado tensiones en el ámbito político. Mientras que sectores opositores y el ala «evista» del Movimiento al Socialismo (MAS) respaldaron la medida como una corrección necesaria, el gobierno de Luis Arce y sus aliados cuestionaron la legalidad de la sesión legislativa y de la propia normativa.
La sesión en la que se aprobó la ley estuvo marcada por la ausencia de legisladores afines al gobierno y por un dictamen del Tribunal Constitucional Plurinacional que puso en duda la validez de la convocatoria. A pesar de estas controversias, Andrónico Rodríguez procedió con la promulgación, defendiendo la decisión como un acto constitucional.
Impacto de la Ley 075
La promulgación de esta ley marca un hito en la política boliviana, ya que pone fin a las gestiones extendidas de las autoridades judiciales, una práctica que había sido ampliamente criticada por diversos sectores. Ahora, el desafío será garantizar que los nuevos magistrados sean seleccionados bajo procesos claros y objetivos.
El cese de los magistrados está programado para enero de 2024, y en las próximas semanas se espera que se definan los lineamientos para la elección de sus reemplazos. Con esta medida, se busca restaurar la institucionalidad y fortalecer el sistema judicial del país.