CIDH y ONU advierten “riesgo de impunidad”
Áñez recordó a estos organismos que “no puede haber justicia sin debido proceso”
PROTESTA. Una manifestación en La Paz en demanda de justicia por los hechos de 2019
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos en América del Sur expresaron el viernes su preocupación por las decisiones de tribunales de justicia de Bolivia que resolvieron anular en la vía penal ordinaria dos casos sobre las
muertes registradas durante la crisis de 2019.
“La CIDH y ONU Derechos Humanos consideran que la anulación de lo actuado en los procesos judiciales puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”, señala un comunicado oficial publicado en el portal de la CIDH.
Los organismos internacionales consideran que esta situación “compromete el cumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar a las víctimas” y además “supone una revictimización de las personas afectadas”.
“Estas decisiones judiciales evidencian un serio obstáculo al deber estatal de implementar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, eso incluye las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia)”, dice el comunicado.
Estas instancias recordaron que, a solicitud del Estado boliviano, el GIEI recopiló en 2019 información sobre “diversas violaciones de derechos humanos e incluyó en su informe final las investigaciones referidas a las masacres de Senkata y Sacaba”.
El informe del GIEI reportó al menos 20 personas fallecidas y “numerosas” heridas como resultado “del uso excesivo de la fuerza en operativos conjuntos de policías y militares” durante 2019.
En tanto, el informe de ONU Derechos Humanos de 2020 identificó “un uso desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial y militar, incluso municiones letales”.
“La CIDH y ONU Derechos Humanos instan a las instituciones bolivianas a considerar el impacto de dichas anulaciones judiciales en los compromisos internacionales de derechos humanos y a que se eviten demoras procesales que favorezcan la impunidad de estas masacres, así como a adoptar las medidas necesarias para remediar la situación”, concluye el comunicado.
El 25 y 29 de agosto, dos tribunales de sentencia determinaron anular los procesos en la vía ordinaria por “incompetencia de materia” y derivarlos a un juicio de responsabilidades para la expresidenta interina Jeanine Áñez, principal acusada.
Estas resoluciones judiciales benefician a policías y militares que fueron procesados y encarcelados por las muertes de civiles durante enfrentamientos que se registraron en la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto, y en el municipio de Sacaba, en Cochabamba, días después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y su salida del país.
LA POSTURA DE ÁÑEZ
Tras el pronunciamiento, Áñez sostuvo que la CIDH y ONU Derechos Humanos en América del Sur “no deben desentenderse” de la situación de los derechos de “todos los bolivianos” y que “no puede haber justicia sin debido proceso” en los casos por la crisis de 2019.
“La @CIDH y la @ONU_derechos no deben desentenderse de la situación de los derechos humanos de TODOS los bolivianos víctimas del régimen del MAS (el gubernamental Movimiento al Socialismo)”, publicó la exgobernante en X.
También sostuvo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos no deben “olvidar” que “precisamente el Gobierno es el que ha quebrantado las garantías del debido proceso” y le negó sus derechos desde que fue detenida y encarcelada en marzo de 2021, lo que para Áñez fue un “secuestro”.
El Gobierno pide evitar la impunidad
El Gobierno ratificó que el Estado tiene la obligación de garantizar justicia y evitar la impunidad por las muertes de Sacaba y Senkata de 2019, en cumplimiento de los compromisos con organismos internacionales. Tanto el Ministerio de Justicia como la Procuraduría General del Estado aseguraron que se impulsarán las acciones para lograr la reparación integral a las víctimas.
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, afirmó que es un deber del Estado cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de ONU Derechos Humanos. “Es una obligación cumplir estas recomendaciones para evitar la impunidad y la revictimización, asegurando que las víctimas de Senkata y Sacaba reciban justicia y reparación”, dijo la autoridad.
Dichos organismos instan a que se realicen investigaciones “prontas, independientes, imparciales, exhaustivas, transparentes y efectivas” que no solo sancionen a los autores directos, sino también a quienes planificaron y ordenaron los hechos.
Por su parte, la Procuraduría General del Estado garantizó que seguirá coadyuvando en los procesos legales, según un comunicado de la entidad. “La Procuraduría seguirá coadyuvando en las acciones legales que correspondan, en el marco de la Constitución y los tratados suscritos por Bolivia, a fin de garantizar verdad, justicia y reparación integral”, afirmó la institución.
