Paz asume 8 medidas y Fiscalía interviene 3 entidades estatales

El Ejecutivo anunció la eliminación de cinco impuestos y conformó la Comisión de la Verdad. El Ministerio Público allanó YPFB y ANH. El BCB publica el valor referencial del dólar.

Funcionarios de la Fiscalía en una de las oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. /

El gobierno de Rodrigo Paz y Edmand Lara asumió, en el primer mes de gestión, al menos ocho medidas e intervino en tres reparticiones estatales, con el objetivo de estabilizar la economía del país y para intentar erradicar la corrupción enquistada en el Estado desde hace décadas.

Una primera medida financiera asumida por este nuevo gobierno, el pasado 26 de noviembre, fue el anuncio de la eliminación de cuatro impuestos, además de reformas en el Presupuesto General del Estado (PGE) con el objetivo de reducir en 30% el gasto fiscal.

El presidente Rodrigo Paz y el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunciaron en esa oportunidad que se determinó abrogar cuatro impuestos: el impuesto a las transferencias financieras (ITF), impuesto a las grandes fortunas, el impuesto al juego y el impuesto a las promociones empresariales.

Según Espinoza, citado por Infobae, “el ingreso por los cuatro impuestos no representa más del 1% de la recaudación fiscal”. Sin embargo, señaló que han generado una serie de problemas y contradicciones en el ámbito de negocios.

No obstante, la decisión del Gobierno de eliminar el impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo, generó un debate en el país. Esta medida, según el oficialismo, busca atraer capitales y dinamizar las inversiones; sin embargo, los detractores consideran que la supresión del tributo no beneficia a las mayorías y reclaman políticas integrales.

Los empresarios, por su parte, según el portal Infobae, celebraron la anulación de los tributos que calificaron como “regresivos e innecesarios”.

Por su parte, la exministra de Desarrollo Productivo Teresa Morales afirmó que las medidas no representan un alivio para la clase media ni los sectores vulnerables de la población.

TECNOLOGÍA El pasado 3 de diciembre, el presidente Rodrigo Paz anunció que se eliminará los impuestos para celulares, computadoras y otros artefactos de línea negra y blanca que no se producen en el país. En ese sentido, señaló que esta semana enviará a la Asamblea Legislativa un paquete de leyes para dar cumplimiento a una de sus propuestas de campaña.

El objetivo de esta medida, según el mandatario, es abaratar costos para los consumidores, fomentar el acceso a la tecnología y formalizar la importación, reduciendo con ello el contrabando.

Asimismo, Paz adelantó que habrá, también, una reestructuración de la Aduana Nacional. “Lo dije en campaña y lo digo acá: esa aduana va a morir, porque tiene que ser una institución para el pueblo”, expresó.

DÓLAR El Banco Central de Bolivia (BCB) comenzó a publicar diariamente en su sitio web el denominado “valor referencial del dólar estadounidense”, cuya finalidad pretende reflejar «las operaciones reales del sistema financiero».

La publicación diaria de este valor referencial permitió en los últimos días que el precio del dólar baje de la barrera de los 10 bolivianos

Asimismo, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, anunció su compromiso de transitar el régimen cambiario del dólar a uno más flexible, al considerar que el tipo de cambio fijo ha sido perjudicial.

CORRUPCIÓN Tras las tres primeras semanas de gobierno, el presidente Paz ratificó que la gestión del Movimiento Al Socialismo montó una red de corrupción estructural que está vigente desde hace al menos dos décadas.

Según el mandatario, los primeros días al frente del Ejecutivo han expuesto cuentas sin registrar, compras infladas y pérdidas millonarias en diversas áreas de la Administración pública.

Paz, quien asumió la presidencia el pasado 8 de noviembre, señaló en publicaciones en X que “poner la casa en orden” implica desmantelar prácticas instaladas durante casi dos décadas de gobiernos encabezados por Evo Morales y Luis Arce.

De acuerdo con sus declaraciones, los equipos de auditoría han hallado “pruebas suficientes” para presentar denuncias formales y abrir investigaciones en distintas entidades del Estado boliviano.

Tras estas declaraciones, la Fiscalía intervino las estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

ALLANAMIENTOS La Fiscalía, con el apoyo de la Policía, allanó esta semana oficinas de YPFB, y de la ANH, con el fin de investigar presuntos hechos de corrupción que habrìan sido cometidos por funcionarios de estas empresas estatales.

Un informe del gobierno, difundido el pasado 19 de noviembre, reveló que “cerca del 30% del combustible subvencionado se desvía al contrabando hacia países vecinos”. 

Esta información fue presentada por la directora de la ANH, Margot Ayala.

El pasado 2 de diciembre, por ejemplo, la Fiscalía, junto con personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), intervino las oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en la ciudad de La Paz.

En esa oportunidad, Rodrigo Paz advirtió que la situación era tan crítica que dudaba de que la justicia pudiera “dar abasto” a la “inmensa cantidad” de procesos que se iniciarán contra exautoridades y exfuncionarios.

“Cuando han robado de esa manera es traición a la patria, tienen que pagar, por eso hemos entrado a YPFB, estamos descubriendo cosas insólitas”, afirmó.

Un día antes, el 1 de diciembre, la Fiscalía intervino las instalaciones de YPFB en cuatro departamentos del país, con el fin de investigar presuntos “cobros irregulares, desvío de combustible y hechos de corrupción que involucran a funcionarios de distintos niveles”, según información difundida por El Deber.

El presidente de YPFB, Yussef Akly, confirmó que, durante los allanamientos, ecuestraron documentos, se destituyó a funcionarios de la estatal petrolera y se aprehendió a otros con el fin de que presten sus declaraciones informativas.

Además de La Paz, la Fiscalía intervino también en Cochabamba, en las oficinas de YPFB Redes y YPFB Comercial; así como en las instalaciones de Santa Cruz.

El allanamiento se realizó también en Oruro, en las oficinas regionales de este departamento tras denuncias de presuntas irregularidades “en el proyecto de ampliación de almacenamiento de combustible”, según reportó El Deber.

Akly denunció que el desvío de combustibles genera al país un daño anual estimado entre 800 y 1.000 millones de dólares.

EMAPA Los actos de corrupción en Emapa dejaron un daño económico de al menos 95.5 millones de bolivianos, según informó esta semana el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano.

Una irregularidad está vinculada a la instalación de una planta procesadora de papa, cuyo daño económico asciende a 41.4 millones de bolivianos.

Otra irregularidad detectada es en torno al proyecto de una planta piscícola en el lago Titicaca, valuado en 47 millones de bolivianos, por cuya obra se pagó el 89% del presupuesto, pero la ejecución llegó a solo el 35%.

El exgerente de Emapa Franklin Flores es investigado por la justicia por una supuesta malversación de más de 934 millones de bolivianos durante su gestión en al menos una decena de proyectos productivos.

Asimimo, se investiga en Emapa sobre la compra y venta de harina subvencionada, por cuyo caso la justicia envió a prisión por seis meses al dirigente de los panificadores Rubén Ríos, acusado de ser parte de una red de  corrupción.

El abogado Eduardo León, en contacto con ERBOL, afirmó que se estableció que existe una red de corrupción familiar por las altas sumas de dinero que manejaba Ríos y sus familiares.

COMISIÓN DE LA VERDAD Otra medida asumida por el gobierno de Paz es la puesta en marcha de una “comisión de la verdad” enfocada en investigar denuncias de corrupción en el área de hidrocarburos.

La iniciativa, presentada en un mensaje oficial transmitido por Bolivia Tv, busca vincular a distintos sectores políticos e institucionales con el objetivo de esclarecer irregularidades que, según Paz, afectan al Estado desde gestiones anteriores.