Bolivia entra en la «lista gris» del GAFI y el Gobierno admite fallas normativas
El organismo internacional advierte sobre la falta de una ley clave para combatir el lavado de dinero; el Gobierno responsabiliza a la Asamblea Legislativa Plurinacional y anuncia compromisos de corrección.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) confirmó este 13 de junio que Bolivia fue incluida oficialmente en su “lista gris”, categoría que identifica a las jurisdicciones con deficiencias estratégicas en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La decisión fue adoptada en la plenaria conjunta GAFI/MONEYVAL en Estrasburgo, Francia, tras constatarse que el país no cuenta con una normativa que incorpore técnicas especiales de investigación exigidas por los estándares internacionales.
Pese a que Bolivia cumplió más del 90% de las recomendaciones del GAFI, la falta de una ley específica, como la que contemplaba la fallida Ley N° 1386, motivó la inclusión en esta categoría de seguimiento intensificado. La normativa fue retirada en 2021, en medio de una fuerte controversia política, denuncias de desinformación y protestas organizadas contra su promulgación. Desde entonces, el país no ha logrado subsanar el vacío legal.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de un comunicado institucional, atribuyó la actual situación a la “politización y sabotaje” que evitaron la aprobación de la Ley de Estrategia Nacional contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, así como al rechazo de disposiciones vinculadas al GAFI dentro del proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Hace una semana, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en una conferencia, adelantó que la ausencia de una norma que incorpore técnicas especiales de investigación pone al país en una posición vulnerable.
“Si Bolivia enfrenta consecuencias, serán responsables quienes impidieron su aprobación. (…) Ellos son los responsables de cualquier resultado. Nos han puesto en riesgo y han puesto en riesgo al país”, afirmó Montenegro.
En la misma conferencia, la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Pamela Troche, agregó que la ausencia de una norma que incorpore técnicas especiales de investigación pone al país en una posición vulnerable y “podría afectar la reputación financiera de Bolivia en el sistema internacional y limitar el acceso a mecanismos formales de financiamiento”.
Durante la sesión plenaria en Francia, Bolivia se comprometió formalmente a corregir estas deficiencias mediante un plan de acción dentro de un plazo razonable. El punto central será la aprobación de una nueva ley que permita aplicar técnicas especiales de investigación para delitos financieros complejos, como exige el GAFI.
El Estado Plurinacional reafirmó su intención de mantener la cooperación internacional y de seguir fortaleciendo su sistema ALA/CFT (Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo), con medidas técnicas y coordinadas que garanticen la transparencia financiera y la integridad de la economía nacional.
